Historia

Para llegar a Guáimaro el movimiento revolucionario debió correr un escabroso trayecto. Fueron necesarias tres entrevistas entre Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte, este último como representante de la Asamblea del Centro, para limar discrepancias que en materia de concepciones y procedimientos manifestaban las tres direcciones revolucionarias regionales actuantes en el país, no podían ser borradas de un plumazo. La unidad sin embargo, se presentaba ya como una necesidad impostergable. El gobierno oriental de Céspedes había perdido su capital, Bayamo, en los días iniciales del año, así como las principales villas y poblados que ocuparan sus fuerzas durante los primeros meses de la guerra. Los villareños obligados a abandonar su territorio, dependían de la cooperación de Oriente y Camaguey para regresar y recuperar la ofensiva. Por su parte, los camagüeyanos comprendían lo peligroso de su posición si la revolución no se consolidaba en las regiones limítrofes. A Guáimaro se arribaba pues, más por la fuerza de las circunstancias que como resultados de la propia cohesión del movimiento independentista.
En abril de 1869, la revolución se propuso crear una estructura única de gobierno y concertar la acción anticolonialista, pero persistían en su seno importantes contradicciones originadas, entre otros factores, por la especificidad de los intereses regionales y la influencia de corrientes políticas anteriores. Estas se expresarían en la Asamblea de Guáimaro como diferencias conceptuales en cuanto a las formas y métodos para conseguir la unidad y conquistar la independencia. Las discrepancias que emergerían en el curso de las discusiones, más que resultado de la presencia de personalidades contrastantes, que las había, sería el reflejo de la diversidad de matices sociales e ideológicos de las fuerzas allí representadas y de su disímil y limitada experiencia, tanto en lo político como en lo militar.
La Asamblea congregó a los representantes de las tres regiones en armas. Por el Departamento Oriental asistieron Carlos Manuel de Céspedes,José María Izaguirre, Jesús Rodríguez y Antonio Alcalá. La representación camagüeyana la integraban Salvador Cisneros Betancourt, Ignacio Agramonte, Miguel Betancourt Guerra, Francisco Sánchez y Antonio Zambrana, habanero este último pero condiscípulo y amigo de Agramonte en las aulas universitarias. Los delegados villareños fueron, Miguel Jerónimo Gutiérrez, Eduardo Machado, Tranquilino Valdés, Arcadio García,Antonio Lorda y Honorato del Castillo. Los delegados eran en su mayoría terratenientes de las zonas centro – orientales y profesionales vinculados a ellos, entre estos últimos se destacaba un grupo de jóvenes, Agramonte, Machado, Zambrana, relacionados con los círculos patrióticos ilustrados gestados en La Habana y fuera del país. A ellos se añadían dos figuras procedentes de las capas medias de la población, los villareños Arcadio García y Tranquilino Valdés. Era todavía incipiente el avance social del proceso revolucionario, y en consecuencia, ni los negros ni mulatos, libres o esclavos, ni el campesinado y otras fuerzas laboriosas del país, tuvieron una presencia directa en la asamblea.
Los representantes reunidos en Guáimaro debían cumplir tres tareas fundamentales. La primera de ellas entrañaba superar el estadio inicial de la revolución, caracterizado por una dirección pluricéntrica, mediante la constitución de un estado nacional reconocidos por todos, capaces de dirigir y regular la acción independentista y, a la vez, hacer viable la ayuda exterior en tanto representación legal de la nación en armas.
La segunda consistía en dotar a ese estado de instituciones de genuina proyección nacional, algo especialmente perentorio en lo referido alEjército Libertador que requería de un mando único para la formulación de la estrategia y el desarrollo de las acciones militares. Por último, aunque no en orden de importancia, se requería de una definición programática que esclareciese el contenido social, antiesclavista, de la revolución e imprimiese a esta una coherencia ideológica, puesto que si bien la decisión independentista y abolicionista había estado presente desde el inicio mismo del movimiento, aún quedaban por definir aspectos vitales del proceso y realizar el imprescindible deslinde con respecto a formulaciones de otras corrientes políticas, en particular del Anexionismo y del Reformismo.

Necesidad histórica

• Tres regiones se habían incorporado a la lucha, Oriente, Camaguey y Las Villas, pero Occidente aún no lo había hecho.
• Diferentes concepciones para desarrollar la Revolución.

Esta situación perfiló los objetivos de la Asamblea de Guáimaro:

1. Lograr la unidad del movimiento revolucionario.
2. Redactar una constitución cubana.

Participantes

Son elegidos como delegados a los principales líderes de cada departamento:

• Oriente: Carlos Manuel de Céspedes, Vicente Aguilera, Antonio Alcalá, Jesús Rodríguez y José María Izaguirre.
• Camaguey: Ignacio Agramonte, Salvador Cisneros Betancourt, Antonio Zambra. (Occidente), y Miguel Betancourt.
• Las Villas: Miguel Gerónimo, Eduardo Machado, Antonio Lorda, Arcadio García, Honorato del Castillo y Tranquilino Valdés.

Criterios

• Céspedes: Mando único donde las funciones civiles y militares son asumidas por la misma persona. Contó con el apoyo de los orientales.
• Agramonte: Separación del poder civil y militar, con un predominio del mando civil. Contó con el apoyo de los camagüeyanos y los villareños.

Primera reunión

En reunión preliminar, a fin de constituir la asamblea, las delegaciones tuvieron que resolver dos cuestiones de cierta trascendencia. La primera fue elegir a quien debía presidirla. Debido a ser el delegado de mayor edad y en reconocimiento a su sobresaliente jerarquía revolucionaria, dicha posición fue otorgada a Carlos Manuel de Céspedes. La segunda cuestión se refería al principio democrático de la representatividad en la asamblea. Si esta se establecía sobre la base del número de habitantes de cada región representada, el Departamento Oriental, con más de 255.000 personas, tendría la representación más numerosa, mientras que Camaguey, con aproximadamente 68.000 pobladores, quedaría muy por debajo. Así suponían algunos, terminarían por imponerse los criterios cespedistas.
Con sus posiciones fortalecidas por el estado comparativamente favorable de la guerra en su territorio, los camagüeyanos estaban decididos a controlar la asamblea, pero aun con el apoyo de Las Villas y la posible aceptación de una representación del Departamento Occidental, teniendo en cuanta el escaso número de jóvenes de dicha región que estaban presentes, no resultaba posible lograr el predominio numérico requerido.
Fue entonces que Antonio Zambrana propuso su tesis sobre la “tiranía del número”, y con discutibles argumentos y especial elocuencia logró variar el criterio de elección de los representantes. Según este planteamiento, si se elegía un número proporcional de representantes a partir de los habitantes de los diferentes departamentos, el de Oriente, por ser el más numeroso ejercería la “tiranía del número” y ganaría en todas las votaciones. Proponía, para evitar esta situación, que cada departamento tuviese un número idéntico de representantes. De esta manera los camagüeyanos, respaldados por los villareños, lograron controlar la asamblea con la presencia de un bloque fuerte, coherente, formado por los delegados de esas regiones, cuyos voceros, Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana, lograron hacer prevalecer sus criterios, frente a las opiniones del líder oriental, Carlos Manuel de Céspedes.
En la primera sesión de la Asamblea Constituyente se establecieron las bases para los trabajos y discusiones y se encargo a los secretarios Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana, que elaborasen un proyecto de Constitución. Este fue redactado con una celeridad tal y apenas en dos horas, que resulta obvio suponer que ambos habían compartido de antemano criterios al respecto.
El proyecto presentado, que en lo fundamental resultaría aprobado, se concentraba en la parte orgánica del texto constitucional, y se dedicaban 23 de sus 29 artículos a la definición del carácter y estructura del nuevo Estado. Este asumía la forma republicana y adoptaba la clásica división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a la vez que disponía la distribución del territorio nacional en cuatro estados; Oriente, Camaguey, Las Villas y Occidente.
En su conjunto esta Carta Magna se caracterizaba por colocar en el centro mismo del poder al órgano legislativo o Cámara de Representantes, integrado por los representantes de cada uno de los cuatro estados en que se dividía el país. Entre sus facultades, además de las propiamente legislativas, figuraban las de nombrar y deponer al presidente de la república y al general en jefe del Ejército Libertador, si bien este último quedaba subordinado al presidente. Por su parte, el poder ejecutivo se formaba por el presidente y sus secretarios de despacho los cuales, según se decidió en el curso de las discusiones, también serían designados por la Cámara a proposición del presidente.
Resulta evidente el interés por limitar las prerrogativas del Ejecutivo, a cuya efectiva subordinación con respecto a la Cámara se dedicaba la tercera parte del articulado de la Constitución. La adopción de tal estructura política no puede desvincularse de los problemas que preocupaban a los asambleístas ni de sus concepciones políticas y jurídicas.
El grupo de representantes del Camaguey dentro del cual figuraban Agramonte y Zambrana, se movía dentro de concepciones republicanas y democráticas acordes con los postulados constitucionalistas del liberalismo decimonónico, expresadas en ocasiones en términos tan absolutos que Enrique José Varona las calificaría de “idealismo doctrinado”. Su concepción institucionalista y descentralizadora se contraponía a un centralismo que, en su criterio, podía conducir al caudillismo y la dictadura.
En tal posición se hicieron evidentes temores derivados de la experiencia política latinoamericana, en particular el fenómeno de las prolongadas dictaduras, tan frecuentes en los países de América Latina tras su independencia. Las prevenciones de algunos representantes con respecto a la figura de Céspedes, resultados de su apreciación de ciertas decisiones políticas tomadas por el líder manzanillero, contribuyeron a crear en Guáimaro una suerte de espejismo en torno al fenómeno caudillista y a la posibilidad de una dictadura. El caudillismo es resultado de la enajenación de toda autoridad por parte de un conglomerado social en la figura que consideran encarnación plena de sus intereses. En las condiciones cubanas de aquel momento, no era posible la emergencia de un caudillo nacional, simplemente porque la diversidad de intereses regionales impedían virtualmente que cualquier figura pudiese encarnarlos globalmente. Sí estaban dadas, en cambio, las condiciones para la aparición de caudillos regionales como expresión de los fuertes vínculos locales con los líderes de las diferentes zonas.
Paradójicamente, los asambleístas de Guáimaro, al dispersar la autoridad del estado nacional en prevención de la dictadura, abonaría el terreno para el posterior surgimiento de caudillismo local y regional.
La posición prevaleciente en Guáimaro, contraria a la centralización de poderes, ha sido calificada en ocasiones dentro de la historiografía cubana como “civilista”, a la cual se opondría una supuesta actitud “militarista”. Tal dicotomía, lejos de esclarecer, enturbia la verdadera naturaleza del problema planteado. A seis meses escasos de iniciada la guerra, el movimiento independentista carecía de un agrupamiento que se pareciera a un ejército profesional; los llamados militares no eran otra cosa que civiles que recién habían “vestido el traje de guerreros”. Tendría que transcurrir aún bastante tiempo para que, dentro del campo independentista, se expresasen actitudes y criterios que pudieran considerarse característicos de los jefes militares. El propio Céspedes con sus formalidades aparte, no era en la práctica cabeza de una estructura militar, por el contrario, ya había tenido fricciones con algunos jefes militares por salvaguardar su autoridad como máxima jerarquía republicana. Los impropiamente llamados “civilistas” eran en realidad defensores de los principios de representatividad y distribución de poderes como garantía del adecuado funcionamiento de las instituciones republicanas. Quienes se les oponían, no cuestionaban por lo general la validez de dichos principios como tales, sino su adecuación a las circunstancias de un estado naciente que debía afirmar su existencia en medio de una cruenta contienda. De ahí la posición cespedista, favorable a una autoridad centralizada, investida de la ejecutividad necesaria para enfrentar las cambiantes situaciones de la guerra.
Otro ángulo de este problema suscitó intensas discusiones en la asamblea. Un grupo de legisladores se manifestó partidario de que, constituido el país por cuatro estados, cada uno de ellos contase con cámaras estaduales, independientes de los órganos centrales del poder. En este punto se hacía evidente que en la atmósfera de la asamblea se dejaban sentir “sus recuerdos”, al decir de Martí “más literarios que naturales, e históricos que útiles, de la Constitución extraña y diversa de los Estados Unidos…”.
No obstante, en este asunto prevalecieron criterios asentados en las realidades y tradiciones del país, que respondían a la configuración y objetivos históricos del pueblo cubano.

“Sometido a discusión este punto se hizo presente por los autores del proyecto que las legislaturas especiales, estaban de acuerdo en los Estados Unidos con las variadas condiciones de los distintos Estados de la Unión. Que en la Isla de Cuba no producirían otro efecto que el de acrecentar las rencillas y divisiones provinciales, bastando por otra parte para garantía de las libertades del pueblo que la vida municipal tuviera todo el ensanche y la importancia que requiere…”.

Afirmada la tradición jurídica insular, el carácter democrático del país tendría como base la unidad política mínima del municipio, creándose así un sistema tendente a la unidad nacional.
Los derechos y libertades individuales de los ciudadanos quedarían garantizados por los artículos finales de la Constitución. Llegado el análisis a este punto, se advirtió que aún no se había recogido pronunciamiento alguno en cuanto a la abolición radical de la esclavitud. Manuel Sanguily, presente en el local de la reunión, un enardecido discurso sobre la igualdad de los hombres ante la ley. Finalmente, la asamblea acordó aprobar el artículo 24 de la Constitución que de hecho abolía la esclavitud, al declarar que “ todos los habitantes de la República son enteramente libres”. El proceso de abolición en el campo insurrecto tendría no obstante, un desarrollo más complejo. Meses después, en uno de sus primeros acuerdos, la Cámara de Representantes aprobaría un Reglamento de libertos que respaldaba legalmente el trabajo forzado de los ex esclavos. De tal suerte, la abolición no sería completa hasta la promulgación de un decreto al respecto por parte del presidente Céspedes, el23 de diciembre de 1870.

Tercera reunión

Al efectuarse la tercera y última reunión de la asamblea, se planteó un tenso debate sobre cual sería la bandera que adoptaría la República de Cuba. Oriente defendía la enseña cespedista que había sido enarbolada al proclamar la independencia. Camaguey y Las Villas consideraban que este honor debía corresponder a la bandera diseñada por Miguel de Teurbe Tolón 18 años antes, que había sido utilizada por Narciso López y por Joaquín de Agüero. El voto de los camagüeyanos favoreció esta última opción.
Se tomó entonces el acuerdo de que la bandera de Demajagua debía fijarse en la sala de sesiones de la Cámara de Representantes y considerarse como parte del tesoro de la República.
Concluidas sus deliberaciones, la asamblea se disolvió para dar lugar a la Constitución de la Cámara de Representantes. Evitando como ya se apuntó, una representatividad según el número de habitantes, el Legislativo se integró con número paritario de representantes orientales, en virtud de compromisos previos, situación que determinó durante los primeros meses de funcionamiento de la Cámara hasta tanto no se eliminó dicha anomalía, que se reconociera un doble valor a los votos de los diputados de los otros tres estados. En su primera sesión, la Cámara eligió las personas que deberían ocupar los cargos establecidos por el texto constitucional. Ellos fueron:

• Presidente de la República : Carlos Manuel de Céspedes
• Presidente de la Cámara : Salvador Cisneros Betancourt
• Vicepresidente de la Cámara : Miguel Jerónimo Gutiérrez
• Secretarios de la Cámara: Antonio Zambrana e Ignacio Agramonte (este último renunció de inmediato para incorporarse al ejército).
• General en Jefe : Manuel de Quesada.

Dos días después de la investidura de Céspedes, es decir el 14 de abril de 1869, la patriota camagüeyana Ana Betancourt presentó a la Cámara una petición que fue leída por Ignacio Agramonte. En ella se solicitaba a los legisladores cubano, que tan pronto fuese establecida la república, se concediera a las mujeres los derechos de que eran acreedoras. Esa noche, en una reunión Ana Betancourt expresaría:

“Ciudadanos aquí todo era esclavo, la cuna, el color y el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna peleando hasta morir. Habéis destruido la esclavitud del color y emancipado al siervo. Llegó el momento de liberar a la mujer.”

Resultados iniciales

Los resultados de la Asamblea de Guáimaro se corresponden con una etapa todavía inicial en el desarrollo del movimiento revolucionario cubano; solo la experiencia posterior podría encargarse de validar o desvirtuar los criterios y perspectivas allí sostenidos. El avance logrado en Guáimaro puede apreciarse cuando se tiene presente que el movimiento independentista, hasta entonces constituido en núcleos separados, emerge de allí agrupado por primera vez en la historia en una república autóctona, independiente y democrática. La unificación así obtenida, era concebida como una unidad consensual, por lo cual muchos de los allí reunidos actuarían como celosos guardianes de las prerrogativas que esta concepción suponía, a pesar de la impracticabilidad de algunas de las normas establecidas en condiciones de guerra. Ese consenso y he aquí lo realmente grave, fue obtenido en más de una ocasión mediante la transacción y no el convencimiento, por lo cual quedaron latentes, y a veces enconadas, algunas de las discrepancias previa a la asamblea. Todo ello estuvo determinado por la falta de cohesión en las bases mismas de un movimiento que, aunque ya nacional, resultaba todavía heterogéneo en lo social y en lo regional. Aunque la unidad obtenida en Guáimaro se revelase en la práctica insuficiente, era, sin duda, la unidad posible.

Estructura y funcionamiento

La estructura y el funcionamiento político previstos por la Constitución, resultarían demasiado complejos para aplicarse con efectividad en medio de la guerra. El presidente estaba limitado en sus funciones por la supervisión constante que sobre él ejercía la Cámara, cuya labor legislativa no requería, en última instancia, de aprobación presidencial. El ejército estaba doblemente subordinado, por una parte al presidente, a quien rendía cuentas, y por otra parte a la Cámara, al ser nombrado por esta su jefe máximo. De hecho todas las decisiones de alguna trascendencia requerían de la iniciativa o aprobación del órgano legislativo, cuya representatividad y funcionalidad, dadas las circunstancias, resultarían precarias.
Con buena parte del texto constitucional enfilado a limitar la autoridad presidencial, la relación entre el Ejecutivo y la Cámara nacería indefectiblemente viciada.
Si la idea de Céspedes de una estructura política centralizada y funcional no logró imponerse en las discusiones, no fue solo por los criterios divergentes del grupo camagueyano – habanero, sino porque no era viable en esa etapa de la evolución del movimiento revolucionario. Carentes de sólidas bases de unidad y verdadera coherencia ideológica, difícilmente las fuerzas independentistas podrían encontrar una figura, objeto de general acatamiento, a quien investir con amplia autoridad.
La Constitución de Guáimaro, por sus proyecciones democráticas, libertarias y antiesclavistas, proveía de una apropiada base programática a la revolución; ello no proporcionaba, sin embargo, una nítida definición ideológica que solo podía ser resultado de la propia práctica revolucionaria.
Valga como evidencia del hecho de que finalizada la asamblea, la recién creada Cámara acogiese para su estudio una petición presentada por varios ciudadanos, encaminada a que el órgano legislador dirigiese manifestaciones en sentido anexionista a los Estados Unidos. Tal petición de hecho sería cursada la gobierno norteamericano mediante el representante cubano en el vecino país. La vigencia de cierto sentir anexionista era aún palpable entre sectores deslumbrados por democracia norteamericana, que aunque había recibido críticas por parte de los elementos más avanzados y radicales dentro de las filas revolucionarias, era considerada como un modelo frente, al despotismo español. Puede apreciarse, sin embargo, el fortalecimiento de las posiciones de aquellos que consideraban que la democracia cubana debía afirmarse sobre bases propias, inspirándose en las tradiciones revolucionarias latinoamericanas y en los postulados más populares y democráticos, de la Revolución Francesa. Fueron ellos los que en torno a Eduardo Machado se opusieron a la solicitud anexionistas en las discusiones de la Cámara, reivindicando el derecho de Cuba a la independencia absoluta.
El ascenso de la tendencia consecuentemente independentista, se manifiesta en el hecho de que no habría lugar en los órganos de dirección revolucionaria para nuevas peticiones anexionistas; las sucesivas victorias militares que fortalecieron la confianza de los patriotas en las fuerzas propias, el ascenso de figuras de origen popular a planos dirigentes y la adversa política de Washington frente a la revolución cubana, eliminaron cualquier tentativa de mediatizar la independencia. Aunque los devaneos anexionistas resultaron rápidamente superados, su manifestación en Guáimaro es una muestra fehaciente de la abigarrada composición ideológica del poder legislativo cubano en los momentos iniciales de la república.

Logros de la Asamblea de Guáimaro

El saldo de la Asamblea de Guáimaro, tanto por lo que se logró como por lo que no pudo conseguirse, resulta un claro indicador de la madurez alcanzada por el movimiento revolucionario cubano. La trascendencia de esta reunión fundadora no puede ser oscurecida por sus limitaciones. Los representantes de las regiones insurrectas aunaron sus esfuerzos y lograron presentar un único frente de combate a la metrópoli española. La nación cubana en formación salió de Guáimaro elevada a la estructura de estado independiente. El movimiento revolucionario se anotó un decisivo paso de avance en la formación nacional y en el desarrollo de la conciencia patriótica, al emprender la tarea de sustituir la despótica estructura política colonial por un sistema basado en los principios republicanos y democráticos, plasmados definitivamente en una Constitución en la que, como advirtiera Martí…

“puede haber una forma que sobre, pero donde no hay una libertad que falte”.

Las sesiones de la Asamblea Constituyente de Guáimaro concluyeron con el nacimiento de la República, proclamada en una de las más emotivas escenas que se recuerda. La Cámara de Representantes quedó facultada para elegir al presidente y al general en jefe. Después de esto continuó su trabajo, de forma independiente, aprobando un conjunto de leyes y medidas para dar forma y legalidad al gobierno de la República en Armas. Los acontecimientos posteriores confirmaron que en esta histórica asamblea no quedaron totalmente zanjadas las discrepancias; ellas aflorarían intermitentemente durante el transcurso de la Guerra de los Diez Años.

Significación

• Tiene el gran mérito histórico de fundar la República Cubana en Armas e inaugurar la tradición democrática dentro de las fuerzas revolucionarias.
• Primer paso decisivo para el logro de la unidad del movimiento independentista cubano.
• Se acordó la abolición inmediata de la esclavitud.
• Fue acordada una estructura de gobierno en que el Poder Civil tenía amplias facultades.
• Se aprobó la Primera Constitución de la República en Armas.
• Se organizó un gobierno sobre bases republicanas, lo que, si bien se correspondía con ideas políticas avanzadas de la época, en la práctica no favoreció la conducción de la Guerra.
• Puso de manifiesto el patriotismo de los principales jefes del movimiento independentista, por encima de las divergencias de criterios que en ella se manifestaron.